El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) retrasará por un año la implementación de las polémicas nuevas regulaciones sobre inundaciones adoptadas en el último día de la administración del gobernador Phil Murphy para dar a los reguladores más tiempo para hacer modificaciones.
La decisión de dar marcha atrás a las regulaciones, que establecen nuevos requisitos de elevación, ampliaban los mapas estatales de zonas inundables más allá de sus equivalentes federales, y creaban nuevas normas para la protección de humedales y el manejo de aguas pluviales, fue anunciada el viernes y se produce tras una audiencia legislativa conjunta el mes pasado, donde funcionarios locales y grupos empresariales las calificaron de excesivamente restrictivas.
“Esta prórroga nos da tiempo para involucrarnos de manera significativa con líderes locales, comunidades y otras partes interesadas en todo Nueva Jersey para hacer esto correctamente”, afirmó la gobernadora Mikie Sherrill.
El anuncio extiende un periodo de gracia que permitirá que los proyectos continúen bajo las reglas anteriores si presentan solicitudes de permisos completas antes del 20 de julio de 2027. Según lo redactado, el periodo de gracia de las reglas estaba programado para expirar el 20 de julio de 2026.
El retraso dará lugar a un periodo de comentarios públicos de 60 días que incluirá una audiencia pública después de que la propuesta de regulación sea publicada en el registro estatal en junio, informó el departamento.
La administración Murphy ya había reducido las reglas denominadas Protecting Against Climate Threats: Resilient Environments and Landscapes (Protección contra Amenazas Climáticas: Entornos y Paisajes Resilientes), más conocidas como PACT REAL, en julio pasado, antes de adoptarlas en enero.
El presidente del Senado, Nicholas Scutari (demócrata por el condado de Union), presentó en febrero una resolución concurrente que habría declarado que las regulaciones estaban fuera de sintonía con la intención de los legisladores. El viernes 29 de mayo, afirmó que las reglas podrían haber impuesto costos a los propietarios que realizan reparaciones y celebró la pausa.
“Podemos encontrar maneras de abordar los desafíos ambientales y proteger a nuestros residentes sin imponer requisitos excesivamente gravosos a las personas que viven y trabajan en nuestras comunidades”, afirmó Scutari.
Politico New Jersey reportó previamente los planes de la administración para retrasar las normas.
Durante años, grupos empresariales y algunos funcionarios locales han criticado las nuevas reglas de inundación, argumentando que aumentarían los costos y dejarían a algunas comunidades sin terrenos disponibles para cumplir con las obligaciones de vivienda asequible establecidas por la ley estatal.
“Estamos alentando a la administración a básicamente empezar desde cero para poder alcanzar los objetivos de la administración de brindar resiliencia y protección ambiental, a la vez que ayudamos a agilizar el proceso de permisos para que podamos hacer crecer nuestra economía de manera sostenible”, señaló Ray Cantor, subdirector de asuntos gubernamentales de la New Jersey Business and Industry Association (Asociación de Negocios e Industria de Nueva Jersey).
Defensores del medio ambiente y expertos en finanzas municipales dijeron al panel conjunto que el costo de los daños por tormentas superaría el costo de cumplir con las regulaciones, ya sea reduciendo los costos de endeudamiento o mitigando los riesgos que pueden incrementar dichos costos para las comunidades costeras propensas a inundaciones.
Doug O’Malley, director de Environment New Jersey, dijo que las reglas sobre inundaciones, que tardaron más de medio siglo en finalizarse, eran una respuesta cuidadosa a los crecientes riesgos de inundación.
“La decisión de la administración Sherrill de retrasar las reglas sobre inundaciones costeras le da a los desarrolladores otro año usando datos anticuados que no protegerán a nuestras comunidades y hogares de las tormentas del futuro”, dijo O’Malley. “Estas reglas deben adoptarse lo antes posible para garantizar que no dejemos a más comunidades en riesgo”.
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