La Corte Suprema de Nueva Jersey ha decidido no acelerar un juicio de ocho años que alega que las escuelas del estado están segregadas inconstitucionalmente por raza, decidiendo que el caso primero debe ser escuchado por un tribunal de apelaciones antes de que la Corte Suprema pueda involucrarse.
Latino Action Network, un demandante en el caso, había pedido que la Corte Suprema interviniera “para que la justicia no se retrase aún más —y por lo tanto se le niegue—”, pero los funcionarios judiciales anunciaron el lunes que los jueces decidieron no pronunciarse aún.
Lawrence Lustberg, abogado de Latino Action Network, afirmó que los demandantes están decepcionados “dado que es un caso tan importante y que cualquier retraso perjudica a los niños de Nueva Jersey”.
“Continuaremos nuestra búsqueda de justicia en la División de Apelaciones, y confiamos en los méritos de nuestro caso”, expresó Lustberg.
Latino Action Network y los otros demandantes —un grupo de padres y grupos de defensa— presentaron la demanda contra el estado en mayo de 2018. Afirman que el sistema de escuelas públicas del estado está segregado por líneas raciales y socioeconómicas, lo que viola el requisito de la Constitución de Nueva Jersey de que los estudiantes reciban una “educación completa y eficiente”.
En Nueva Jersey, los estudiantes suelen asistir a las escuelas en los distritos donde viven, lo que los demandantes argumentan ha llevado a una segregación de facto. Citan un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles que encontró que Nueva Jersey ha sido consistentemente uno de los sistemas escolares más segregados del país.
El caso ha avanzado lentamente a través del sistema judicial. En octubre de 2023, un juez de un tribunal de primera instancia estuvo de acuerdo con los demandantes en que existía un “desequilibrio racial marcado y persistente” en las escuelas de Nueva Jersey, pero señaló que los demandantes no lograron probar que el sistema escolar del estado en su conjunto está segregado inconstitucionalmente.
Las partes luego ingresaron a un proceso de mediación, que se extendió desde finales de 2023 hasta principios de 2025 y no logró conducir a ningún acuerdo o resolución.
El año pasado, un tribunal de apelaciones accedió a escuchar el caso de los demandantes, pero aún no se ha programado una audiencia.
La administración Sherrill se opuso a la solicitud de los demandantes de pedir a la Corte Suprema que intervenga, diciendo que “hasta ahora no han presentado ningún remedio constitucional administrable”.
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